La población migrante se enfrenta a una muerte civil

El martes 15 de septiembre de 2020, AESCO, junto con la asociación ACOBE, nos reunimos con los miembros de la Comisión de Conducta de Entidades del Banco de España, para transmitirles los problemas a los que se está enfrentando la población migrante actualmente en España, con la injusta exclusión del sistema financiero.

¿Cuál es la situación?

La pandemia impidió que sus tarjetas de solicitantes de asilo (con la que obtienen el derecho a trabajar y tener una vida civil como cualquier ciudadano), los permisos de estudiantes, las tarjetas de residencia y los permisos de trabajo, fueran renovados.

Debido al confinamiento, las administraciones públicas se cerraron, paralizando todos los trámites, además del posterior colapso que sufrieron dichos trámites.

Para salvar esta situación, el Ministerio del interior y de trabajo respectivamente, procedieron a emitir órdenes ministeriales que prorrogaban estos permisos hasta diciembre de 2020, sin cambiar el documento. (https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/18/snd421).

¿Cuál es el problema?

Las entidades bancarias han hecho caso omiso de esta orden, aduciendo que como el documento contiene una fecha vencida, no dan de alta las cuentas de ahorro, lo que supone un impedimento a la hora de buscar empleo. Para recibir los salarios o cualquier gestión de ingresos y pagos domiciliados de servicios, es necesaria una cuenta bancaria. Todo ello acarrea enormes problemas, que sumados a los otros que este colectivo tiene, las está llevando a una muerte civil al no poder ejercer derechos que les da el estatuto de protección internacional.

View of the Bank of Spain headquarters (Madrid) from Plaza de Cibeles (square).

¿Qué pedimos?

AESCO y ACOBE, insistieron en la responsabilidad que el Banco de España tiene ante las acciones de las entidades financieras, se instó a la Comisión que debía exigir a los bancos el cumplimiento de esta orden ministerial. Es necesario que reconozcan todos los documentos que se vencieron durante la pandemia. Por su parte, el Banco de España se comprometió a comprobar estas órdenes ministeriales y hablar con la Comisaría General de Extranjería, para comprobar que pueden reconocer esos documentos.

En esta reunión se solicitó a los representantes del Banco de España que se tomen las medidas oportunas para solucionar esta exclusión, ya que afecta de forma importante a más de un millón de personas, además de ser un incumplimiento de la normativa.

Cuando se les exige para abrir una cuenta de ahorros, deben disponer de nómina y comprar un seguro, lo que no debería ser obligatorio para abrir una cuenta bancaria.

El compromiso del Banco de España, ha sido el de valorar y verificar esta situación y volver a reunirnos para ver soluciones.