Una treintena de entidades sociales de toda España denuncia la grave situación de los menores nacidos en España de padres extranjeros ante la negativa de los registros civiles de realizar su registro de nacimiento

Más de una treintena de entidades sociales de toda España han enviado una nota de queja a María Pérez Jerez, Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia de España, para visibilizar la grave situación que enfrentan numerosas familias con menores nacidos en territorio español de padres y madres extranjeros. El principal problema señalado es la negativa sistemática de los registros civiles en realizar el registro de los menores que este les permita a posterior obtener la nacionalidad española por simple presunción, vulnerando de manera directa sus derechos fundamentales.

Las organizaciones sociales consideran que esta situación está afectando a una gran cantidad de menores, dejándolos en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a los derechos que les corresponden como ciudadanos y ciudadanas. Además, denuncian que la negativa de los registros civiles a realizar el registro, impide que muchos niños y niñas puedan obtener su documentación oficial, lo que les priva de derechos básicos como la educación, la salud o la posibilidad de desarrollarse plenamente en la sociedad española.

De acuerdo con un sondeo realizado por AESCO ONG a más de 50 familias afectadas, casi el 70% de los encuestados no han podido realizar el registro de sus hijos y, en muchos casos, los funcionarios de los registros civiles justifican esta negativa alegando que los progenitores deben contar con un DNI o NIE. Sin embargo, las entidades sociales subrayan que esta justificación es errónea, ya que la nacionalidad o condición migratoria de los progenitores no debería afectar al derecho del menor a obtener la nacionalidad española, garantizando su protección como ciudadano.

La misiva entregada a la Directora General y al Ministerio de Justicia subraya que esta práctica contraviene los compromisos internacionales asumidos por España para proteger a las personas apátridas, como el cumplimiento de los convenios internacionales de los que el país es parte. En este sentido, las entidades insisten en que la actual situación es un incumplimiento grave de los derechos fundamentales de los menores y sus familias.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes piden al Ministerio de Justicia que revise de manera urgente esta problemática y adopte los mecanismos y protocolos necesarios para garantizar los derechos de los menores afectados, evitando que queden en una situación de vulnerabilidad social y asegurando que se cumpla con los principios establecidos en la legislación española y los
tratados internacionales.

Las entidades sociales reafirman su compromiso con la defensa de los derechos de las personas más vulnerables y continúan trabajando para visibilizar esta situación y exigir soluciones inmediatas.

Entidades firmantes:

AESCO ONG
Asociación Voluntades Unidas para la Inclusión
Centro Hispano Venezolano
Asociación Bombers Fénix
Asociación Por Ti Mujer
Asociación nacional Unión del Pueblo Romaní
Alianza por la Solidaridad
Homologación Justa Ya

CESÁfrica – Coordinadora de entidades de solidaridad con África
Red Utrera por el Clima
Asociación de residentes y amigos de dominicanos en Valencia ARAD
Casa Perú Valencia
Red Acoge
Red mundial sin fronteras
Psicolegs Sense Fronteres Catalunya
La Comarca es para Todas y Todos Para Integración y Solidaridad
Casa hispanoamericana de Bétera
Asociación Guaraní de Valencia
Asociación de Mujeres Sin Límites Andalucía España
Avam Asociación Venezolanos Amigos del Mundo
CIM Burkina
CEAR PV
Federación de Asociaciones de Colombianos de la Comunidad Valenciana
FEDASCO CV
ASOCIACION RUMIÑAHUI
Equipo de Acompañamiento al Empleo ARC.4 CARITAS
ACULCO Asociacion Sociocultural y de cooperación
VALÈNCIA ACULL
Asociación UHIE