29 Mar Discriminación racial
El pasado 21 de marzo se celebró El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial; con ocasión a ello resulta relevante reflexionar sobre los avances o retrocesos que ha tenido la Unión Europea y específicamente España en relación con la erradicación de todas las formas de discriminación, haciendo un especial énfasis en la racial, la cual ha sido definida por el Derecho Internacional como aquella distinción, exclusión, restricción o preferencia que esté basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico y que tenga por objeto o resultado anular el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales en todas las esferas de la vida pública.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1969, dispuso en su artículo 2 que los Estados parte debían condenar la discriminación racial y en tal sentido era necesario enaltecer el compromiso para consolidar una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas; es así que teóricamente los Estados parte, como lo es España, deben tener de forma transversal en toda su actuación, medidas efectivas contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; no obstante, la realidad es que en España, el discurso de odio y los delitos racistas tienen una tendencia al aumento según las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior, en cuyo último informe señala que del año 2020 a 2021 hubo un aumento del 28.62% de hechos conocidos y registrados sobre delitos e incidentes de odio, de los cuales el 35.46% corresponde a conductas de racismo y xenofobia.
Con el fin de aunar esfuerzos a la lucha internacional contra el racismo, la Unión Europea tiene vigente un importante Plan de Acción contra el Racismo con aplicación para el quinquenio 2020-2025, en el que promueve el lema de “Unidad en la diversidad”. A través de esa iniciativa busca hacer un llamado para luchar contra la xenofobia y el racismo, coincidiendo en el tiempo con la movilización frente a otra forma de intolerancia como es el antisemitismo; la ejecución de las acciones de ese plan se encomendó a los países de la Unión Europea y es por ello que la responsabilidad de materializar acciones tendientes a eliminar la discriminación racial recae sobre cada uno de los Gobiernos.
Por su parte, España no muestra en avance en el desarrollo y aplicación de ese plan, y no solo no lo ha hecho, sino que tiene pendiente desde el inicio de esta legislatura, actualizar la Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia que fue aprobada en noviembre de 2011, y que a hoy sigue brillando por su ausencia.
La promesa de aprobar una Ley contra el Racismo, con la que se busca reivindicar, consolidar y concretar instrumentos de protección de la diversidad étnica, de apoyo y solidaridad efectiva con las víctimas, sigue siendo tal solo una promesa, pues no ha llegado a concretarse ninguna estrategia y mucho menos una Ley que revise de forma seria el asunto, por lo que por lo pronto, solo se evidencia que la discriminación racial y la xenofobia impide que España alcance en una inclusión fundamentada en la integración intercultural.
Con visión hacia el futuro, se cree que con la ideología de los partidos políticos de ultra derecha aquí en España y en general en toda la Unión Europea, la lucha contra la discriminación se estancaría aún más, corriendo incluso el riesgo de retroceder en los diminutos avances y reconocimiento de derechos en condiciones de igualdad para todas las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables que han sido históricamente discriminadas.
Karol Nataly Pulido / Andrés Mauricio Gaviria